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¿Qué tan duro golpeará la crisis a la industria de las telecomunicaciones?

El cierre de las economías de todo el mundo por los esfuerzos para combatir la enfermedad COVID-19 ya está afectando a muchos sectores a nivel global, incluido Brasil.
Por ahora, los servicios de telecomunicaciones e internet, sin embargo, tienen una demanda excepcionalmente alta en momentos en que familias y trabajadores se encuentran confinados en sus hogares.

Pero, ¿qué ocurrirá después? Como cualquier predicción sobre los efectos económicos de la pandemia depende de la gravedad y la duración del brote, que es incierto, BNamericas analiza los escenarios más probables para este segmento.
INCUMPLIMIENTOS Y CANCELACIONES
Una preocupación principal gira en torno al aumento de incumplimientos y/o cancelación de servicios y suscripciones. En Brasil, este fue el escenario que se vio durante y después de la recesión 2014-2016. También fue el caso de Argentina más recientemente, entre otros.
Las familias con menos ingresos reducirán los servicios considerados menos esenciales, como la televisión de pago.
Ari Lopes, analista principal para América Latina de Ovum Consulting, cree que esto puede volver a ocurrir ahora, incluso en el segmento de telefonía móvil.
“Los incumplimientos y las dificultades de ingresos conducen a diferentes medidas. Incluso podemos ver a clientes migrar a prepago, que tiene un ingreso promedio por usuario (ARPU) más bajo para las empresas de telecomunicaciones que el pospago, por ejemplo”, dijo Lopes a BNamericas.
La firma de investigación de mercado IDC estima que el mercado de teléfonos celulares podría caer hasta 10% este año.
Oficialmente, los operadores afirman que el problema puede posponerse.
“En este momento, los proveedores se centran en medidas para combatir el nuevo coronavirus y en las acciones necesarias para garantizar la conectividad, de acuerdo con el compromiso firmado por el sector de telecomunicaciones con Anatel [regulador brasileño]. A su debido tiempo, habrá que evaluar los impactos de la crisis generada por la pandemia”, señaló la asociación de telecomunicaciones SindiTelebrasil en un comunicado enviado a BNamericas.
Sin embargo, el sector también se está moviendo para oponerse al "perdón" de la criminalidad durante la crisis del coronavirus.
En Brasil, el tema cobró fuerza después de que el regulador eléctrico, Aneel, dictaminara que el suministro de energía no se puede cortar durante los próximos 90 días, incluso en caso de falta de pago.
Esto es importante porque la semana pasada el presidente Jair Bolsonaro declaró que las telecomunicaciones y el procesamiento de datos, entre otros, eran servicios públicos "esenciales", equiparándolos a electricidad y agua. En teoría, por lo tanto, su continuidad debía estar asegurada.
Contrariamente a la posición de los operadores, un proyecto de ley que se discute en el Congreso promete prohibir a 12 sectores llevar a cabo el corte de servicios esenciales debido a incumplimiento, incluidas las telecomunicaciones, mientras dure la crisis.
Además, también existe el riesgo de incumplimiento sistémico incluso dentro del segmento.
Las emisoras brasileñas han pedido a Embratel Star One, una empresa brasileña controlada por la mexicana América Móvil, más tiempo para pagar el uso de satélites para la distribución de televisión abierta.
Las redes argumentan que esto es esencial para mantener el equilibrio económico-financiero de los contratos en momentos en que amplían su cobertura para proporcionar a la sociedad el servicio de información durante la pandemia.
EFECTOS CORPORATIVOS
Una parte considerable de las ventas se gestiona con sector corporativo, y las quiebras, incluso de pequeñas y medianas empresas, pueden afectar los ingresos de los transportistas.
Dependiendo de la gravedad de la recesión económica, las compañías podrían revisar el gasto en servicios de telecomunicaciones o buscar precios más bajos.
Además, las oficinas están vacías, ya que muchas empresas están cerradas o funcionan desde domicilios particulares, para lo cual el soporte es más costoso.
“Cuando tienes a todos trabajando desde casa tienes que mover este tráfico de una red corporativa a una residencial, que no está dedicada y no está preparada para este tipo de demanda. Esto termina aumentando los costos operativos del operador para permitir que el tráfico de datos fluya a través de otros canales", explicó a BNamericas Renato Pasquini, director de investigación de TIC de Frost & Sullivan.
CONSOLIDACIÓN EN STANDBY
Lopes y Pasquini coinciden en que la incertidumbre congela los procesos de consolidación en la región.
Telefónica, por ejemplo, dijo que retrasará los planes para escindir sus operaciones en América Latina (excepto Brasil), pero también otros acuerdos, como la venta de la unidad móvil de Oi.
Otras operaciones también se retrasarán.
México canceló una subasta de espectro prevista para finales de este año y Colombia suspendió el anuncio de su proyecto piloto 5G programado para principios de este mes.
En Brasil, el regulador Anatel postergó las últimas pruebas de campo para verificar la coexistencia de señales satelitales con banda ancha móvil en la banda de 3,5GHz, que se utilizará para 5G.
Los resultados técnicos son cruciales para definir las reglas de la subasta.
El viernes, Anatel también anunció la extensión de la consulta pública sobre los términos de la subasta propuesta por otros 15 días.
Por lo tanto, la licitación de espectro 5G programada para noviembre/diciembre probablemente tendrá lugar en 2021, aunque una fuente ministerial aseguró a BNamericas que aún no se ha discutido su postergación.
PRESIONES CAMBIARIAS
Los operadores también experimentan problemas debido al fuerte aumento del dólar, que afecta el costo de importación de componentes y ejerce presión sobre las deudas de la compañía.
En un informe, la calificadora Fitch dijo que aunque la exposición a las divisas en el balance general es relativamente limitada y las emisiones de deuda global generalmente están cubiertas, "podría haber algunos riesgos modestos de los equipos financiados denominados en dólares", que en este caso afecta los márgenes de empresas de diferentes segmentos, incluidas las telecomunicaciones.
TRABAJADORES
A corto plazo, surgen preocupaciones respecto de los trabajadores que mantienen o reparan equipos pero enfrentan restricciones de movimiento.
Más gobiernos estatales, locales y nacionales emiten órdenes de refugio en el lugar donde esté que incluyen personal esencial.
El consejo de la industria ITI exige una orientación global clara con respecto a estos trabajadores, incluidos los del sector de las TIC, para ayudar a los gobiernos y proteger la salud y la seguridad públicas durante la pandemia.
"Con sus definiciones y restricciones poco claras sobre los servicios de entrega esenciales, Brasil es uno de los países con orientación problemática de refugio en el lugar donde esté", manifestó a BNamericas la portavoz de ITI, Jennie Courts.
Según el consejo, es vital garantizar que estos empleados puedan continuar realizando su trabajo durante la crisis.

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Tras concluir contrato de Gilat para telefonía rural: estas son las soluciones que se evalúa

MTC se defiende de las imputaciones de la Defensoría y asegura que tras la conclusión del contrato con Gilat faltarían conectar únicamente a 1,140 localidades.




El fin de semana, la Defensoría del Pueblo alertó que más de 2,000 localidades quedarían incomunicadas tras haber concluido –en noviembre de 2019– el contrato suscrito hace 20 años entre el Estado peruano y la empresa Gilat.

Según dijo la adjunta para servicios público de la Defensoría, Alicia Abanto, esta situación provocó el retiro de 8,970 teléfonos públicos en 6,150 localidades lo que perjudica particularmente a 2,250 comunidades de 21 regiones.

Ante ello esta entidad pidió al MTC prorrogar el contrato suscrito con esta firma –que ha demandado dos veces al Estado peruano– hasta encontrar una situación definitiva. Virginia Nakagawa Morales, viceministra de Comunicaciones, explicó a Gestión que esta solicitud es inviable “ya que va en contra el marco legal y contractual vigente”.

La viceministra explicó que esta empresa no tiene ni tampoco ha tenido vocación permanencia, por el contrario recordó que tras suscribirse el contrato de concesión 3 de noviembre de 1999 para prestar el servicio telefónico en la modalidad de teléfonos públicos a 5,699 localidades, al cabo de diez años pidió al MTC el término del contrato de financiamiento –cabe aclarar que como parte de la concesión se firmó cuatro contratos de financiamiento– lo que generó una primera discrepancia, que terminó en un arbitraje.

El financiamiento implicaba que el Estado subsidie una parte de la inversión, específicamente la instalación de los teléfonos públicos en zonas rurales. En este caso se firmó cuatro contratos de financiamiento.

“Gilat de alguna manera sustentó todo su negoció a raíz del financiamiento (otorgado por el Estado). Cuando pasaron 10 años, la empresa vino al MTC afirmando que ya había terminado su contrato de financiamiento por lo que se retiraba. Ahí hubo una primera discrepancia con el MTC que terminó en arbitraje. El laudo arbitral dispuso que el contrato terminaba el 4 de noviembre del 2019 y el pago de US$ 26 millones”, arguyó.

Lo que implica en la práctica –añadió la viceministra– que el contrato con Gilat para proveer servicio de comunicaciones a 5,699 localidades estaba vigente hasta esa fecha.

“Gilat pudo haber continuado en su momento, ya que el Estado pudo haberle renovado por 20 años más el contrato para lo cual la empresa debió solicitarlo dos años antes del término del plazo, pero ello no ocurrió porque su visión era salir de ese mercado. La empresa luchó para salir y nosotros para que se quede”, aseveró Nakagawa.

Ante ello la viceministra reiteró tras quedarse firme –a través de un laudo arbitral– la fecha de terminó del contrato ya no quedaba ninguna acción legal o contractual que hubiera permitido al MTC sostener la prorroga de esos contratos. “No te queda la menor duda que si hubiera habido una oportunidad, nosotros lo hubiéramos hecho en base a proteger la continuidad del servicio”, subrayó.

-Localidades afectadas-

La viceministra explicó que en concretó son en total 5,699 localidades las que fueron afectadas por la conclusión del contrato con Gilat, de las cuales 4,559 localidades ya cuentan con algún tipo de servicio público de telecomunicaciones principalmente telefonía móvil, que implica el 79% del total de localidades afectadas.

Sin embargo falta dotar de servicio de comunicaciones a un universo de 1,140 localidades, los que -a más tardar- el próximo año podrán contar con este servicio.

“Con el reordenamiento de las bandas 2.3 y 2.5 GHz hemos incluido como obligaciones atender a 14 localidades (de las 1,140 localidades afectadas). Ya lo tenemos en adenda y además hemos incluido en el concurso de frecuencias, que será licitado por ProInversión, de la 2.3 GHz y la AWS-3 (1.7/2.1GHz) a 348 localidades. Con lo cual 362 localidades ya contarían con servicio de comunicaciones”, agregó.

En esa línea, Nakagawa Morales dijo que este proceso en ProInversión se adjudicaría a más tardar en el primer semestre del 2021. Pero, ¿qué pasará con las 778 localidades restantes?

Sobre el particular, la representante del MTC señaló que en el concurso de ambas frecuencias no se está priorizando el ingreso de recursos al Estado sino la mayor cobertura y obligaciones de expansión.

“Lo que hemos puesto en nuestro informe a ProInversión es que nuestra mirada es utilizar tecnología disruptiva en Loreto, San Martin, Ucayali, Amazonas y el Vraem para no solo cubrir a los 1,140 localidades sino a un mayor rango. Le hemos dicho a ProInversión que se priorice a aquellas empresas que se animen a usar tecnología disruptiva en la selva”, aseveró.

Fuente: Gestion
MTC | Gilat | comunicaciones | telecomunicaciones | Tras concluir contrato de Gilat para telefonía rural: estas son las soluciones que se evalúa | Economía | Gestión
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Culminación de contrato entre el Estado y la empresa Gilat to Home

Más de 2,000 localidades quedarían incomunicadas tras concluir contrato para servicio de telefonía rural



La Defensoría del Pueblo recomendó al MTC que se evalúe la posibilidad de prorrogar el contrato suscrito con Gilat hasta la implementación de una solución definitiva. Los detalles, aquí.

La Defensoría del Pueblo reiteró al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la necesidad de solucionar el problema de incomunicación telefónica en que quedarían más de 2,000 poblados, tras haber culminado el contrato suscrito hace 20 años entre el Estado y la empresa Gilat to Home, encargada de brindar el servicio de telefonía pública rural.

Alicia Abanto, adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría, explicó que el retiro de 8 mil 970 teléfonos públicos en 6 mil 150 localidades, perjudicaría gravemente a la población y particularmente a 2 mil 250 comunidades ubicadas en 21 regiones, que a la fecha solo cuentan con teléfono público y carecen de otro medio de comunicación similar.

De acuerdo a la información recogida por esta instancia, esto también impactaría severamente en la prestación de los servicios públicos básicos como salud, educación y seguridad, afectando especialmente a las poblaciones indígenas y en extrema pobreza, consideradas grupos de especial interés público por su condición de vulnerabilidad.

Para evitar el retiro de los teléfonos, Abanto indicó que se ha recomendado al MTC que evalúe la posibilidad de prorrogar el contrato suscrito en noviembre de 1999 con la empresa concesionaria, hasta la implementación de una solución definitiva.

Asimismo, indicó que la entidad debe disponer la instalación del servicio de telefonía móvil (con servicios de voz y datos de internet) en las localidades afectadas.

“Como parte del pedido, hemos solicitado también al MTC incluir a las localidades afectadas por la desinstalación de teléfonos públicos de Gilat to Home en los programas de expansión de las telecomunicaciones que viene implementando el Estado a través de nuevos proyectos, dando prioridad a los 2 mil 250 poblados que quedarían incomunicados”, agregó.

Abanto resaltó la importancia del rol que debe cumplir el MTC en la adopción de medidas eficaces y oportunas para que no se vuelvan a repetir situaciones similares de incomunicación telefónica en poblaciones que cuentan con el servicio.

“Hemos exhortado al MTC a que actúe con diligencia para asegurar la expansión de las telecomunicaciones y garantizar el desarrollo de las poblaciones de nuestro país” remarcó la funcionaria.

Fuente: https://gestion.pe/
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AVANCES REGIONALES PRONATEL

De los 21 proyectos de redes regionales, tres entraron en operación el año pasado y quedan 18 en proceso que deben supervisar. Para este primer trimestre no está programada la entrega de ningún proyecto, pero sí para el siguiente semestre.



La red de Lambayeque, que debía estar lista el año pasado, estará operativa en julio del 2020, según las últimas modificaciones del cronograma acordadas con el operador Telefónica del Perú S.A.A.

Las redes de Tumbes, Piura y Cajamarca se encuentran en etapa de reformulación, detallaron. Como se recuerda, dichos proyectos a cargo de Redes Andinas S.A. fueron resueltos a inicios del año pasado. Se ofreció tener un nuevo operador a cargo en noviembre, pero esto no ha sido concretado todavía.

Los cuatro proyectos a cargo de la empresa china YOFC (La Libertad, Ancash, San Martin y Arequipa) han sufrido algunas demoras en su ejecución en este trimestre, pues los materiales y equipamiento provienen de la fábrica de la firma que está ubicada en la misma ciudad de Wuhan (China), donde se originó la alerta sanitaria del coronavirus.

Sepa más: Aún no se ha concluido el proceso de evaluación de salida del operador Azteca de la Red Dorsal. Los encargados son MEF, Osiptel y Contraloría. Si se resuelve y la obra regresa al Estado, Pronatel deberá encargarse de su operación (o sub-contratar a alguien más) hasta que encuentren al nuevo operador a cargo.

Fuente: https://elcomercio.pe/

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