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Tras concluir contrato de Gilat para telefonía rural: estas son las soluciones que se evalúa

MTC se defiende de las imputaciones de la Defensoría y asegura que tras la conclusión del contrato con Gilat faltarían conectar únicamente a 1,140 localidades.




El fin de semana, la Defensoría del Pueblo alertó que más de 2,000 localidades quedarían incomunicadas tras haber concluido –en noviembre de 2019– el contrato suscrito hace 20 años entre el Estado peruano y la empresa Gilat.

Según dijo la adjunta para servicios público de la Defensoría, Alicia Abanto, esta situación provocó el retiro de 8,970 teléfonos públicos en 6,150 localidades lo que perjudica particularmente a 2,250 comunidades de 21 regiones.

Ante ello esta entidad pidió al MTC prorrogar el contrato suscrito con esta firma –que ha demandado dos veces al Estado peruano– hasta encontrar una situación definitiva. Virginia Nakagawa Morales, viceministra de Comunicaciones, explicó a Gestión que esta solicitud es inviable “ya que va en contra el marco legal y contractual vigente”.

La viceministra explicó que esta empresa no tiene ni tampoco ha tenido vocación permanencia, por el contrario recordó que tras suscribirse el contrato de concesión 3 de noviembre de 1999 para prestar el servicio telefónico en la modalidad de teléfonos públicos a 5,699 localidades, al cabo de diez años pidió al MTC el término del contrato de financiamiento –cabe aclarar que como parte de la concesión se firmó cuatro contratos de financiamiento– lo que generó una primera discrepancia, que terminó en un arbitraje.

El financiamiento implicaba que el Estado subsidie una parte de la inversión, específicamente la instalación de los teléfonos públicos en zonas rurales. En este caso se firmó cuatro contratos de financiamiento.

“Gilat de alguna manera sustentó todo su negoció a raíz del financiamiento (otorgado por el Estado). Cuando pasaron 10 años, la empresa vino al MTC afirmando que ya había terminado su contrato de financiamiento por lo que se retiraba. Ahí hubo una primera discrepancia con el MTC que terminó en arbitraje. El laudo arbitral dispuso que el contrato terminaba el 4 de noviembre del 2019 y el pago de US$ 26 millones”, arguyó.

Lo que implica en la práctica –añadió la viceministra– que el contrato con Gilat para proveer servicio de comunicaciones a 5,699 localidades estaba vigente hasta esa fecha.

“Gilat pudo haber continuado en su momento, ya que el Estado pudo haberle renovado por 20 años más el contrato para lo cual la empresa debió solicitarlo dos años antes del término del plazo, pero ello no ocurrió porque su visión era salir de ese mercado. La empresa luchó para salir y nosotros para que se quede”, aseveró Nakagawa.

Ante ello la viceministra reiteró tras quedarse firme –a través de un laudo arbitral– la fecha de terminó del contrato ya no quedaba ninguna acción legal o contractual que hubiera permitido al MTC sostener la prorroga de esos contratos. “No te queda la menor duda que si hubiera habido una oportunidad, nosotros lo hubiéramos hecho en base a proteger la continuidad del servicio”, subrayó.

-Localidades afectadas-

La viceministra explicó que en concretó son en total 5,699 localidades las que fueron afectadas por la conclusión del contrato con Gilat, de las cuales 4,559 localidades ya cuentan con algún tipo de servicio público de telecomunicaciones principalmente telefonía móvil, que implica el 79% del total de localidades afectadas.

Sin embargo falta dotar de servicio de comunicaciones a un universo de 1,140 localidades, los que -a más tardar- el próximo año podrán contar con este servicio.

“Con el reordenamiento de las bandas 2.3 y 2.5 GHz hemos incluido como obligaciones atender a 14 localidades (de las 1,140 localidades afectadas). Ya lo tenemos en adenda y además hemos incluido en el concurso de frecuencias, que será licitado por ProInversión, de la 2.3 GHz y la AWS-3 (1.7/2.1GHz) a 348 localidades. Con lo cual 362 localidades ya contarían con servicio de comunicaciones”, agregó.

En esa línea, Nakagawa Morales dijo que este proceso en ProInversión se adjudicaría a más tardar en el primer semestre del 2021. Pero, ¿qué pasará con las 778 localidades restantes?

Sobre el particular, la representante del MTC señaló que en el concurso de ambas frecuencias no se está priorizando el ingreso de recursos al Estado sino la mayor cobertura y obligaciones de expansión.

“Lo que hemos puesto en nuestro informe a ProInversión es que nuestra mirada es utilizar tecnología disruptiva en Loreto, San Martin, Ucayali, Amazonas y el Vraem para no solo cubrir a los 1,140 localidades sino a un mayor rango. Le hemos dicho a ProInversión que se priorice a aquellas empresas que se animen a usar tecnología disruptiva en la selva”, aseveró.

Fuente: Gestion
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